Botella deja bien atados 3.500 millones en contratos de Madrid con constructoras

Los servicios de limpieza de las calles, parques y jardines; la reparación de aceras, puentes y pasarelas; el Selur o los parquímetros han sido adjudicados a constructoras (o agrupaciones de empresas en las que participan constructoras) por periodos que llegan a superar las tres legislaturas. La resolución de Competencia por los pactos ilegales entre adjudicatarias podría abrir una puerta a cambiar la situación. 

Después de 24 años de mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Madrid, de decidir en solitario cuándo tocaba endeudarse y cuándo apretarse el cinturón, cuándo tener la sede en la Casa de la Villa y cuándo en Cibeles, el Partido Popular se prepara para dejar el cetro del Consistorio de la capital. Una coalición de partidos de izquierdas tiene respaldo, tras las elecciones celebradas ayer, para llegar a un acuerdo y decidir sobre el futuro de los madrileños durante los próximos cuatro años. Sin embargo, hay cosas a las que les costará meter mano, si es que pueden. Asuntos íntimamente ligados a lo que debería ser la gestión de una ciudad como quién arregla las aceras y por cuánto, quién limpia las calles y cómo se presta el servicio de recogida de basuras. Una malla de contratos a muy largo plazo tejidos en los últimos años por el equipo de la alcaldesa saliente, Ana Botella, tiene destinados algo más de 3.500 millones de los impuestos de los ciudadanos para un reducido grupo de empresas, la mayoría de ellas constructoras. Algunos de esos contratos estarán en vigor hasta 12 años. 
El fenómeno se debe a la conjunción de dos hechos: que las empresas dedicadas a la construcción decidieron diversificar su negocio de hormigón para convertirse en empresas de servicios, visto que con la crisis se acababa lo de tender puentes hasta Mallorca, y que el Ayuntamiento de Madrid, gran amigo de este sector en las vacas gordas, ideó, precisamente con la crisis como argumento fundamental, una modalidad de contratación denominada contrato integral. Son adjudicaciones a muy largo plazo en su mayoría que, con el argumento del ahorro, desligaron la prestación de servicios del compromiso por parte de las empresas adjudicatarias de tener unos medios concretos (ni de personal ni materiales) para realizar su labor. Se mediría la calidad, no la cantidad, lo que ha dado lugar a situaciones desastrosas como el estado de suciedad de un buen número de calles de la capital.
El caso es que este tipo de contratos y la diversificación de las constructoras son lo que han provocado que, cuando vea recoger las calles de Madrid al servicio de limpieza urgente (Selur), utilice los parquímetros de la capital o tire algo a una papelera de Madrid Río; cuando escuche pasar el camión de la basura en la periferia o esquive a unos obreros que están arreglando la acera, detrás de cada uno de esos servicios pueda estar durante muchos años Florentino Pérez, o lo que es lo mismo, alguna de las filiales del grupo que preside, ACS. Lo mismo ocurre en mayor o menor medida con otro abanico de contratos logrados por Sacyr, FCC, Acciona o Ferrovial.

Florentino Pérez, hombre multitárea

No todos los contratos son iguales aunque algunos superan el horizonte de una y hasta varias legislaturas. Van desde los dos años y dos meses del contrato de Urbaser, filial de ACS, por el servicio de recogida y transporte de residuos en la zona de la periferia de Madrid, que pese a su corta duración supondrá un ingreso de 76,9 millones de euros para la compañía (de los que 64 millones deben ser abonados este año). Hasta los 12 años de los contratos integrales de movilidad, en los que ACS, mediante su participación en una Unión Temporal de Empresas (UTE), se ha hecho con dos lotes. Los dos contratos, en los que participa API Movilidad, filial de ACS, suponen un total para las empresas integrantes de la UTE de 212 y 224 millones de euros y estarán en vigor, en principio, hasta 2025.
Otra constructora, Sacyr, a través de su filial Valoriza, también forma parte de una UTE que se hizo por 12 años con otros dos de los lotes del contrato integral de movilidad (es decir, la gestión de parquímetros), por importes de 199,5 y 201,9 millones respectivamente. 

ACS resultó adjudicataria a través de Dragados de la conservación de aceras, puentes, pasarelas etc. de todo Madrid por ocho años ampliables dos más.

Y mientras recoge la basura y participa en el servicio de estacionamiento, ACS se encargará también de arreglar aceras, puentes y pasarelas merced a una especie de tarifa plana de ñapas de la que resultó adjudicataria, a principios de 2014, a través de su filial Dragados. Esta empresa se hizo con los tres lotes de la gestión integral de las infraestructuras viarias de Madrid, por un total de 261 millones de euros durante ocho años ampliables dos más. Esto significa que, al menos hasta 2022, será una empresa de Florentino Pérez la que tendrá garantizado el negocio de arreglar las aceras, los puentes y pasarelas, así como realizar la Operación Asfalto (que se recuperó con este contrato por mucho que Esperanza Aguirre prometiese recuperarla ella en su folio de programa a la alcaldía).

La limpieza viaria y jardines, de aquí a 2021

Si hay un contrato emblemático de lo que supone el modelo de gestión integral inaugurado por Ana Botella es el de la limpieza viaria y de zonas verdes, dividido en seis lotes con participación de una gran constructora en todos ellos como se obligó prácticamente ya desde las bases de la convocatoria. Son contratos a ocho años (prorrogables por dos más) que datan de mediados de 2013, por lo que en teoría seguirán en vigor hasta 2021, mucho más allá de lo que dura esta legislatura.
Gracias al lote que consiguió, Cespa, filial de Ferrovial, ingresará en el periodo que dura el contrato 340,6 millones de euros, mientras que Valoriza (del grupo Sacyr), ingresará por sus dos lotes 681 millones. OHL, por su parte, tiene adudicado un lote junto con Ascan por 321,8 millones y FCC participa junto con ABSA en otros dos, por un importe total de 600 millones.
Son, por lo tanto, otros 1.943 millones comprometidos para limpiar las calles de Madrid. La realidad es que el concurso dividió la ciudad en ejes principales y secundarios y que, dada la libertad de medios de estos concursos, varias de las adjudicatarias del servicio intentaron recortar drásticamente la plantilla a los pocos meses de empezar a prestarlo. Tras 13 días de huelga, aquello terminó con un expediente de regulación de empleo temporal que mermó la plantilla que limpia Madrid y la capital se ha convertido en una red de puntos negros de suciedad. La máxima penalización que pueden sufrir las empresas es del 20% del precio pactado, solo superable si se incumplen los mismos indicadores tres veces consecutivas.
Algo similar ocurre con los contratos de gestión integral del servicio de Parques y Viveros municipales, adjudicados a Acciona (89,4 millones); la UTE del Grupo Raga (111,8 millones) y la UTE de Ortiz Construcciones y Proyectos de Ingeniería (77 millones). Este tipo de concurso se adjudicó a finales de 2013 y tiene una vigencia de ocho años, por lo que seguirá en vigor en principio hasta 2021.

La resolución de Competencia

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) multaba el pasado 8 de enero con 98 millones de euros a un amplio grupo de empresas por haberse repartido el mercado de contratos públicos y privados de gestión de residuos, recuperación de papel y cartón, limpieza viaria y aguas. El 75% de las multas fueron para Urbaser y Sertego, de ACS (23,3 millones); FCC (16,8 millones); Valoriza, de Sacyr (15,3 millones); Cespa, de Ferrovial, (13,6 millones), y Saica (13,6 millones).
A la vista de lo ocurrido y de que el Ayuntamiento de Madrid, reconocido colaborador de la investigación de la CNMC, conocía la posibilidad de que las empresas estuviesen pactando entre sí para repartirse el mercado, los partidos de la oposición exigieron conocer cuál había sido el perjuicio económico para los ciudadanos de Madrid de los posibles pactos entre las empresas y qué medidas iba a tomar el equipo de Ana Botella. Según el hasta ahora responsable de Medioambiente, Diego Sanjuanbenito, se ha solicitado a los servicios jurídicos del Ayuntamiento un informe sobre las posibles acciones a seguir y se está elaborando el mencionado estudio de los perjuicios. Cuando se pregunta al respecto por ambas cosas no se consigue mucho. Mientras los partidos en la oposición hasta ahora se muestran convencidos de que nada se ha hecho, fuentes del Ayuntamiento consultadas por SABEMOS aseguran que se están elaborando los informes y se tendrán noticias al respecto cuando las haya. Por lo que se refiere a cómo puede afectar el cambio en el Consistorio, simplemente responden que no lo saben.
Lo más cercano a una respuesta por parte del Ayuntamiento sobre lo que puede ocurrir aparece en las actas del pleno del pasado 25 de marzo cuando la secretaria general técnica, Adoración Muñoz Merchante, dijo que había que "dejar muy claro que la resolución de la CNMC no es firme en vía judicial" y que las empresas han anunciado que la van a recurrir.

800 euros de multa a dos niñas de 15 y 17 años por decir: “vergüenza me daría ser policía”

 

Vergüenza me daría ser policía”. Fue la opinión que manifestaron E.G. y otras cuatro compañeras al ver a un grupo de agentes de la policía española delante de la Delegación del Gobierno español en Galicia ubicada en la Coruña. Tras decir eso, continuaron el camino de vuelta a casa de la manifestación contra la LOMCE que se realizó en la ciudad. Pero, cuando ya había pasado media hora desde que la movilización se había disuelto y cuando las jóvenes habían andado ya varios metros -unos 10 minutos-, cuatro policías se acercaron a ellas -conversaban sentadas en un banco- y, “con una actitud muy intimidatoria” les preguntaron: ¿”A ver, a quién le daría vergüenza ser policía? ¿A ti y a ti? ¡Vamos, a la comisaría!”

Solicitaron sus identificaciones y, sin mediar más palabra, condujeron E.G. y L.T, dos de las cuatro amigas, hasta la comisaría, donde debieron ir sus familias a buscarlas por tratarse de menores de 15 y 17 años respectivamente. “A mi madre le dijeron que yo los había insultado y, de hecho, es eso lo que pone en la denuncia”, por la que le reclaman 400 euros a cada una.

“Estábamos ejerciendo nuestro derecho a expresar una opinión”, dice E.G. en una entrevista con Ser Galiza. La policía española, sin embargo, entiende esto como “una falta de respeto a los agentes y una provocación para que el resto de manifestantes secunde los insultos”, pese a que, como explica la joven, la protesta ya había sido disuelta hacía tiempo.

E.G. está indignada: le gustaría saber si pasaría lo mismo si los policías que se la llevaron detenida se presentaran en una panadería y dijeran , hablando entre ellos, que les daría vergüenza ser panaderos. “Mandaron cuatro agentes para llevar a la comisaría a dos niñas de 15 y 17 años. Iban dos delante y dos detrás, como si fuéramos delincuentes. La gente alucinaba. Una señora hasta dijo que el panorama merecía ser grabado”, continua E.G.

“Les dijeron a nuestros padres que no nos va a constar como antecedente, que sólo es un aviso. Un “aviso” que costará 400 euros a cada familia de estas dos jóvenes y para el cual ellas tienen otra explicación: “Es una falta de respeto a nuestra libertad de expresión porque sólo estábamos exponiendo nuestra opinión. ¿Qué les sienta mal? Es nuestro derecho”

Mercadona importa el aceite de oliva Hacendado de Marruecos y lo envasa en Portugal

Nos quejamos de que España está en crisis, pero no nos damos cuenta de que comprando en los establecimientos de este súper empresario sin escrúpulos llamado Juan Roig estamos alimentando a la bestia y fomentando la destrucción del tejido empresarial español. Como podéis comprobar en la imagen, Mercadona, a pesar de ser una empresa “netamente” española y valenciana, no tiene ningún problema en saltarse a los agricultores de su tierra e importa directamente las naranjas de Argentina durante todo el año, saltándose la temporada de naranjas valencianas.

Además, el aceite de oliva Hacendado, de muy baja calidad, lo envasa Sovena, una compañía ubicada en Portugal cuyo principal accionista es Roberto Centeno, casado con una hija del señor Roig. Este mismo Roberto Centeno ha comprado miles de hectáreas de olivares en Marruecos para Roig, que se preocupa mucho por el futuro de España y se atreve a opinar de cómo hacer las cosas públicamente, pero no se corta un pelo a la hora de llevarse la producción del aceite a Marruecos y su envasado a Portugal. Una parte del aceite se importa desde Túnez. La consecuencia es una evidente reducción de calidad para ofrecer precios bajos. Tal y como ocurre con el pescado o con la progresiva eliminación de la charcutería tradicional de corte al momento para dejarla sólo en una charcutería de paquete con un menor coste en todos los sentidos. Lo mismo pasa con la fruta, que se vende a granel y es de mucha peor calidad. Otro tanto ocurre con los cereales, fabricados en Francia.

Mercadona tampoco le hace ascos a importar calabazas de Panamá, pero tal vez el caso más paradójico se da en la sección de pescadería. En Vigo, el primer puerto de Europa por volumen de pescado descargado y que gestiona casi la mitad de la pesca en España, el pescado que se ofrece en los supermercados Mercadona no es fresco y, desde luego, no es gallego. En su mayoría se trata de pescado congelado procedente de África o América del Sur. Lo mismo pasa con los mejillones y las almejas, que en su mayoría son importados desde Chile, Francia o Marruecos.

Mercadona es la cadena con mayor importación de leche extranjera (sobre todo francesa y portuguesa) y la envasa como si fuera española. Se trata, pues, de una materia prima que entra en España a muy bajo precio y que Mercadona utiliza en sus puntos de venta como producto reclamo, a poco más de 50 céntimos el cartón, cuando la realidad es que los costes de producción de la leche y toda la cadena transformadora superan ampliamente ese precio. Esa venta por debajo del coste real obliga a las empresas que compran la leche en España a pagar menos en origen si quieren competir con las marcas blancas. Se trata, pues, de una competencia desleal que obliga a cerrar las empresas que no entran por el aro. De hecho, en Galicia, Mercadona veta en sus supermercados marcas gallegas como Río y Larsa.

Lo mismo sucede con la chufa de la Denominación de Origen de Valencia, con los turrones de las Denominaciones de Origen de Xixona y Alacant o con un producto tan básico como el arroz. No estamos hablando de cualquier producto. Hablamos de productos estrella de la región de la que Mercadona es originaria. Todo producto con Denominación de Origen y que puede “obligar” a pagar más a los productores es eliminado de los estantes para así permitir la entrada de productos extranjeros más baratos. El caso de la chufa es muy representativo, ya que Mercadona vendía entre el 40 y 50% de toda la horchata que se vende en España, con lo que la eliminación de la chufa valenciana de los estantes supone una condena a muerte para los pequeños productores. De esta forma, se trae chufa africana a bajo coste, cuya calidad no tiene nada ver con la chufa valenciana.

Mercadona apuñala a los agricultores valencianos importando naranjas de Argentina.