Los servicios de limpieza de las calles,
parques y jardines; la reparación de aceras, puentes y pasarelas; el
Selur o los parquímetros han sido adjudicados a constructoras (o
agrupaciones de empresas en las que participan constructoras) por
periodos que llegan a superar las tres legislaturas. La resolución de
Competencia por los pactos ilegales entre adjudicatarias podría abrir
una puerta a cambiar la situación.
Después de 24 años de mayoría absoluta en el
Ayuntamiento de Madrid, de decidir en solitario cuándo tocaba endeudarse
y cuándo apretarse el cinturón, cuándo tener la sede en la Casa de la
Villa y cuándo en Cibeles, el Partido Popular se prepara para dejar el
cetro del Consistorio de la capital. Una coalición de partidos de
izquierdas tiene respaldo, tras las elecciones celebradas ayer, para
llegar a un acuerdo y decidir sobre el futuro de los madrileños durante
los próximos cuatro años. Sin embargo, hay cosas a las que les costará
meter mano, si es que pueden. Asuntos íntimamente ligados a lo que
debería ser la gestión de una ciudad como quién arregla las aceras y por
cuánto, quién limpia las calles y cómo se presta el servicio de
recogida de basuras. Una malla de
contratos a muy largo plazo
tejidos en los últimos años por el equipo de la alcaldesa saliente, Ana
Botella, tiene destinados algo más de 3.500 millones de los impuestos de
los ciudadanos para un reducido grupo de empresas, la mayoría de ellas
constructoras. Algunos de esos contratos estarán en vigor hasta 12
años.
El fenómeno se debe a la conjunción de dos hechos: que las empresas
dedicadas a la construcción decidieron diversificar su negocio de
hormigón para convertirse en empresas de servicios, visto que con la
crisis se acababa lo de tender puentes hasta Mallorca, y que
el
Ayuntamiento de Madrid, gran amigo de este sector en las vacas gordas,
ideó, precisamente con la crisis como argumento fundamental, una
modalidad de contratación denominada contrato integral. Son
adjudicaciones a muy largo plazo en su mayoría que, con el argumento del
ahorro, desligaron la prestación de servicios del compromiso por parte
de las empresas adjudicatarias de tener unos medios concretos (ni de
personal ni materiales) para realizar su labor. Se mediría la calidad,
no la cantidad, lo que ha dado lugar a situaciones desastrosas como el
estado de suciedad de un buen número de calles de la capital.
El caso es que este tipo de contratos y la diversificación de las
constructoras son lo que han provocado que, cuando vea recoger las
calles de Madrid al servicio de limpieza urgente (Selur), utilice los
parquímetros de la capital o tire algo a una papelera de Madrid Río;
cuando escuche pasar el camión de la basura en la periferia o esquive a
unos obreros que están arreglando la acera, detrás de cada uno de esos
servicios pueda estar durante muchos años Florentino Pérez, o lo que es
lo mismo, alguna de las filiales del grupo que preside, ACS. Lo mismo
ocurre en mayor o menor medida con otro abanico de contratos logrados
por Sacyr, FCC, Acciona o Ferrovial.
Florentino Pérez, hombre multitárea
No todos los contratos son iguales aunque algunos superan el horizonte de una y hasta varias legislaturas. Van desde los
dos
años y dos meses del contrato de Urbaser, filial de ACS, por el
servicio de recogida y transporte de residuos en la zona de la periferia
de Madrid, que pese a su corta duración supondrá un ingreso de 76,9
millones de euros para la compañía (de los que 64 millones deben ser abonados este año).
Hasta los 12 años de los contratos integrales de movilidad,
en los que ACS, mediante su participación en una Unión Temporal de
Empresas (UTE), se ha hecho con dos lotes. Los dos contratos, en los que
participa API Movilidad, filial de ACS, suponen un total para las
empresas integrantes de la UTE de 212 y 224 millones de euros y estarán
en vigor, en principio, hasta 2025.
Otra constructora, Sacyr, a través de su filial
Valoriza,
también forma parte de una UTE que se hizo por 12 años con otros dos de
los lotes del contrato integral de movilidad (es decir, la gestión de
parquímetros), por importes de 199,5 y 201,9 millones respectivamente.
ACS resultó adjudicataria a través de
Dragados de la conservación de aceras, puentes, pasarelas etc. de todo
Madrid por ocho años ampliables dos más.
Y mientras recoge la basura y participa en el servicio de estacionamiento,
ACS
se encargará también de arreglar aceras, puentes y pasarelas merced a
una especie de tarifa plana de ñapas de la que resultó adjudicataria, a
principios de 2014, a través de su filial Dragados. Esta
empresa se hizo con los tres lotes de la gestión integral de las
infraestructuras viarias de Madrid, por un total de 261 millones de
euros durante ocho años ampliables dos más. Esto significa que, al menos
hasta 2022, será una empresa de Florentino Pérez la que tendrá
garantizado el negocio de arreglar las aceras, los puentes y pasarelas,
así como realizar la Operación Asfalto (que se recuperó con este
contrato por mucho que Esperanza Aguirre prometiese recuperarla ella en
su folio de programa a la alcaldía).
La limpieza viaria y jardines, de aquí a 2021
Si hay un contrato emblemático de lo que supone el modelo de gestión integral inaugurado por Ana Botella es el de
la limpieza viaria y de zonas verdes,
dividido en seis lotes con participación de una gran constructora en
todos ellos como se obligó prácticamente ya desde las bases de la
convocatoria. Son contratos a ocho años (prorrogables por dos más) que
datan de mediados de 2013, por lo que en teoría seguirán en vigor hasta
2021, mucho más allá de lo que dura esta legislatura.
Gracias al lote que consiguió,
Cespa, filial de Ferrovial,
ingresará en el periodo que dura el contrato 340,6 millones de euros,
mientras que Valoriza (del grupo Sacyr), ingresará por sus dos lotes 681
millones. OHL, por su parte, tiene adudicado un lote junto con
Ascan por 321,8 millones y FCC participa junto con ABSA en otros dos,
por un importe total de 600 millones.
Son, por lo tanto, otros
1.943 millones comprometidos para limpiar las calles de Madrid. La realidad es que
el
concurso dividió la ciudad en ejes principales y secundarios y que,
dada la libertad de medios de estos concursos, varias de las
adjudicatarias del servicio intentaron recortar drásticamente la
plantilla a los pocos meses de empezar a prestarlo. Tras 13
días de huelga, aquello terminó con un expediente de regulación de
empleo temporal que mermó la plantilla que limpia Madrid y la capital se
ha convertido en una red de puntos negros de suciedad. La máxima
penalización que pueden sufrir las empresas es del 20% del precio
pactado, solo superable si se incumplen los mismos indicadores tres
veces consecutivas.
Algo similar ocurre con
los contratos de gestión integral del
servicio de Parques y Viveros municipales, adjudicados a Acciona (89,4
millones); la UTE del Grupo Raga (111,8 millones) y la UTE de Ortiz
Construcciones y Proyectos de Ingeniería (77 millones). Este
tipo de concurso se adjudicó a finales de 2013 y tiene una vigencia de
ocho años, por lo que seguirá en vigor en principio hasta 2021.
La resolución de Competencia
La
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) multaba el
pasado 8 de enero con 98 millones de euros a un amplio grupo de empresas
por haberse repartido el mercado de contratos públicos y privados de
gestión de residuos, recuperación de papel y cartón, limpieza viaria y
aguas. El 75% de las multas fueron para Urbaser y Sertego, de
ACS (23,3 millones); FCC (16,8 millones); Valoriza, de Sacyr (15,3
millones); Cespa, de Ferrovial, (13,6 millones), y Saica (13,6
millones).
A la vista de lo ocurrido y de que el Ayuntamiento de Madrid,
reconocido colaborador de la investigación de la CNMC, conocía la
posibilidad de que las empresas estuviesen pactando entre sí para
repartirse el mercado, los partidos de la oposición exigieron conocer
cuál había sido el perjuicio económico para los ciudadanos de Madrid de
los posibles pactos entre las empresas y qué medidas iba a tomar el
equipo de Ana Botella. Según el hasta ahora responsable de
Medioambiente, Diego Sanjuanbenito, se ha solicitado a los servicios
jurídicos del Ayuntamiento un informe sobre las posibles acciones a
seguir y se está elaborando el mencionado estudio de los perjuicios.
Cuando se pregunta al respecto por ambas cosas no se consigue mucho.
Mientras los partidos en la oposición hasta ahora se muestran
convencidos de que nada se ha hecho, fuentes del Ayuntamiento
consultadas por SABEMOS aseguran que se están elaborando los informes y
se tendrán noticias al respecto cuando las haya. Por lo que se refiere a
cómo puede afectar el cambio en el Consistorio, simplemente responden
que no lo saben.
Lo más cercano a una respuesta por parte del Ayuntamiento sobre lo
que puede ocurrir aparece en las actas del pleno del pasado 25 de marzo
cuando la secretaria general técnica, Adoración Muñoz Merchante, dijo
que había que "dejar muy claro que la resolución de la CNMC no es firme
en vía judicial" y que las empresas han anunciado que la van a
recurrir.
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