Un jubilado permanece ingresado en el Hospital La Fe de
Valencia después de que un agente de la Policía Local le asestara varias
puñaladas en lo que parece ser una venganza relacionada con las
polémicas participaciones preferentes, según ha podido saber LAS PROVINCIAS de fuentes próximas al caso.
La agresión se produjo alrededor de las seis de la tarde,
en una vivienda situada en la calle Llorà, en una zona de La Punta
próxima a la pedanía de Pinedo y a las instalaciones de Mercavalencia.
De acuerdo con las mismas fuentes, el agente municipal culpaba a la
víctima de haberle arruinado con las participaciones preferentes en la
época en la que el hombre trabajaba para Bancaja. Al parecer, fue él
quien le vendió este producto bancario.
También llegaron a producirse algunas amenazas previas al
brutal ataque con cuchillo acontecido en la tarde de ayer. Por lo que ha
podido reconstruir la Policía Nacional, que se ha hecho cargo de las
investigaciones, el autor de la agresión se desplazó hasta la vivienda
de la víctima y le asestó varias cuchilladas en el pecho y en la nuca.
Los testigos dieron la voz de alarma sobre lo ocurrido y en
poco tiempo la zona se llenó de efectivos de la Policía Nacional del
grupo de Policía Judicial. La víctima fue evacuada con urgencia al
Hospital La Fe de Valencia, el más próximo al escenario de la agresión.
Al cierre de esta edición, el hombre permanecía ingresado después de una
intervención quirúrgica.
Tras entrevistarse con varios testigos e identificar al
autor del acuchillamiento, los investigadores de la Policía Nacional
lograron localizarlo en poco tiempo, y fue detenido sobre las 21.30
horas en su domicilio, situado en el distrito de Tránsitos. Según ha
podido saber este diario, se trata de un agente que prestaba servicio en
la Primera Unidad de Distrito, correspondiente al Retén del Carmen, en
Valencia. Al parecer, había estado de baja a causa de una depresión
motivada por problemas económicos e incluso se le había retirado el arma
reglamentaria.
La venta de preferentes ha desatado un estallido social que
ha provocado que la Audiencia Nacional investigue a los responsables de
las entidades financieras por una posible comercialización fraudulenta
de este tipo de productos, que algunos ya han calificado de «activos
tóxicos», y han hecho perder sus ahorros a centenares de miles de
personas en toda España. Las cajas que ahora forman Bankia,
especialmente Bancaja, fueron de las entidades que más participaciones
vendieron.
Las protestas de los afectados han llevado a que el
Gobierno y el Parlamento tomen cartas en el asunto. Como consecuencia el
Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ha iniciado un
proceso de arbitraje para devolver parte de lo invertido, aunque este
procedimiento supone una quita de entre el 40% y el 70% de lo gastado.
Los que han acudido a la vía judicial intentan recuperar su inversión
sin que sufra merma alguna.
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